La Rebelión de los Comuneros refiere al levantamiento armado que estalló en la Nueva Granada en 1781, principalmente asociado a la revuelta en el Socorro (entonces provincia de Santa Fe) que culmina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio, y continua en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró pobladores de los llanos, Neiva, Nariño, Cauca (actual Valle) y la costa atlántica.

 La insurrección comunera tiene por causa inmediata las medidas tomadas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien aumentó el impuesto de alcabala; estableció impuestos a la sal, el tabaco y los juegos de cartas; e impuso nuevos gravámenes a los textiles de algodón. Los cambios se enmarcaban en el contexto de las llamadas reformas borbónicas que pretendían, entre otras cosas, imponer mayores gravámenes a las élites criollas y recomponer los resguardos indígenas con el objeto de rematar tierras a favor de la Real Hacienda.

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Las decisiones tomadas, de por sí impopulares, se hicieron más ofensivas por la aplicación de métodos arbitrarios y violentos usados por los recaudadores de impuestos. La insurrección comunera expresó a una variada mezcla de reivindicaciones, no sólo por sus diferentes causas, sino porque involucró sectores rurales y urbanos, así como sectores con intereses económicos y sociales diferenciados. Desde otra perspectiva, la revuelta comunera formó parte de una serie de luchas libradas en el conjunto de las colonias españolas en América.

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La revuelta de los Comuneros es uno de los acontecimientos históricos que marcó un hito importante en las luchas sociales de nuestro país, por el sello de rebeldía y el germen  anticolonial que dejo impreso en el pensamiento neogranadino de la época, si bien no se puede afirmar que fue una lucha contra la metrópoli y el rey en el sentido estricto, si expresó el sentido de libertad y la necesidad de garantizar a partir de la autonomía y la organización mejores condiciones de vida, de igualdad y dignidad.       

 

Como antecedentes se encuentra la Guerra Anglo – Española de 1779-1783. Donde España decide apoyar a las colonias americanas con ideas independentistas, para de esta forma, eliminar todos los derechos diplomáticos, económicos, políticos y sociales que el Reino Unido de Gran Bretaña poseía sobre territorio norteamericano. Serían las trece colonias quienes se verían beneficiadas por el apoyo ibérico, y que obtendrían como resultado la independencia de los Estados Unidos.

 

El inicio de una drástica política fiscal en España que necesariamente tuvo que ser aplicada a todos sus dominios coloniales, fue el detonante a la pésima disposición de los recursos. Esto tendría repercusiones en su debilitada estructura económica del tesoro real que hasta el momento había adquirido. En miras de un nuevo ordenamiento en la política tributaria de la Nueva Granada, el 6 de Abril de 1776 la monarquía nombra Regente de la Audiencia de Santa Fe a don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, a quien se le atribuyeron derechos especiales, y los cuales en adelante implicarían una desestabilización en todas las clases sociales.

 

Para este entonces, el impuesto de Armada de Barlovento (Principalmente para el sostenimiento de la flota armada naval) y el impuesto de Alcabala (Productos), estaban siendo cobrados tácitamente bajo la única denominación de impuesto de Alcabala. El 12 de Octubre de 1780, Gutiérrez de Piñeres decreta el plan “Instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las Rentas Reales de Alcabala y Armada de Barlovento, en todo el distrito actualmente sujeto y dependiente del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas del Nuevo Reino de Granada.” Al hacer esta mención, se está separando los dos impuestos cobrados como uno solo años atrás, lo que, a falta de conocimiento de esta información, generó desazón en la gente bajo la creencia de la instauración de un nuevo impuesto.

 

Sería la fuerte demanda del tabaco en la población y la gran producción tabacalera existente en el departamento de Santander, la que llamaría la atención de los nuevos poderes políticos. De esta manera el tabaco pasó de ser un producto por derecho comunal a una prohibición general; con el único fin de crear monopolio y sacar el máximo provecho económico del mismo. Se incrementó el precio pensando en los recursos del tesoro, lo cual súbitamente aumentó la inconformidad de los consumidores, y de los nuevos expropiados de su propia mercancía.

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A este monopolio estatal se sumó la sal, el algodón y el aguardiente, productos a los cuales también fueron elevados sus impuestos. Los Juegos de Cartas como forma de entretenimiento no fueron la excepción y también fueron incluidos. El golpe a la aristocracia criolla era directo, pues al no gozar de los derechos políticos y económicos de antes, sus posibilidades y aspiraciones de enriquecimiento acelerado se estancarían. Su identidad de clase se vería afectada, y la forma de propugnar su sello europeo no tendría relevancia alguna, estaban siendo tratados bajo las mismas condiciones de las clases populares.

 

El 16 de Marzo del año 1781, la población del Socorro cambiaría trascendentalmente el curso de las relaciones sociales y el desarrollo de las condiciones allí presentes. Una conglomeración de pequeños comerciantes y algunos artesanos manifestaron su abstención conforme a los impuestos recientemente decretados; esto generó que pobladores en un inicio espectadores de lo acontecido se sumaran al llamado y proclamaran su inconformidad en frente de la casa del alcalde. Se impondría en la historia el heroico actuar de Manuela Beltrán, una mujer rebelde, quien sobresaliendo en la multitud revelo una consigna que marcaría la identidad de la revuelta comunera: “Viva el Rey y muera el mal gobierno, no queremos pagar la armada de Barlovento”.

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El ejemplo de rebelarse contra las medidas gubernamentales, dado por el pueblo Socorrano, fue seguido por otros pueblos y veredas del oriente neogranadino: Simacota (Marzo 17); San Gil (Marzo 24); Pinchote (Marzo 25); Confines (Abril 1°); Barichara (Abril 1°); Chima (Abril 1°); Ciba (Abril 2); San José de la Robada (Abril 3).

 

Con el interés de conmover a todos los sectores sociales hacia la unificación, se necesitaba un líder encargado de orientar las acciones venideras; de esta manera, y por acción de mandato popular, Juan francisco Berbeo es nombrado Superintendente y comandante General. El avance ilustrativo de la aristocracia neogranadina sería el valor agregado para asumir la dirigencia del movimiento comunero.

 

El día 16 de Abril, fecha establecida por Berbeo para realizar una reunión pública, se establecen los “Capitanes Generales” del movimiento comunero, allí aparecieron: Juan Francisco Berbeo, Antonio José Monsalve, Francisco Rosillo y Salvador Plata. De esta manera se conformó la junta directiva del común, todos personajes precedidos por el poder y la fortuna. Si algo tenían claro ellos, era que todo tipo de petición por parte del movimiento no sería concedida pacíficamente, e implantaron la necesidad de una lucha organizada y armada.

 

Con el fin de consolidar una organización política y armada, el día 2 de Mayo se levantó el Consejo Supremo de Guerra, conformado por los Capitanes Generales, y quienes serían los encargados de dar las primeras gestiones a la población sublevada; entre ellas: desconocer toda autoridad virreinal, conformar una autoridad social y militar, castigos severos y extremos para quienes tuviesen intenciones de traicionar el movimiento comunero, nombrar funcionarios, tomar posesión del tabaco y ordenar su libre venta, entre otros.

 

Al comprender que este movimiento comunero había pasado de una simple algarabía momentánea a una conformación organizada que ponía en riesgo el poderío colonial, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres decide tomar decisiones estratégicas en miras de apaciguar los ánimos de los insurrectos, y en medio de una Junta General de Tribunales citó algunas medidas necesarias, que, de forma inmediata, se tomaron en cuenta. Allí aparecían abolir el impuesto de Barlovento, vía libre al cultivo de tabaco siempre y cuando tuviese ciertas restricciones, retomar los precios establecidos para el tabaco y el aguardiente antes de la llegada del nuevo Regente. Se buscaba que con base en este nuevo ordenamiento, el movimiento comunero se diluyera pacíficamente.

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El 13 de Mayo se conforma en la capital una comisión negociadora la cual se situaría en Zipaquirá con el fin de esperar la avanzada comunera, y de esta manera, llegar a los acuerdos pacíficos. En ella se encontraba el Oidor Joaquín Vasco y Vargas, el alcalde Eustaquio Galaviz, y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Se esperaba que, la presencia del arzobispo fuera incidente para apaciguar los ánimos, pues se tenía conocimiento del profundo respeto hacia las figuras eclesiásticas.

 

El 25 de Mayo José Antonio Galán sería nombrado Comandante de La Tropa del Socorro, asumiendo la tarea de aprehender a Gutiérrez de Piñeres e impidiendo su llegada a Cartagena. Posterior a su nombramiento como Comandante, sale de Zipaquirá, identificando a su ejército bajo la consigna de “Unión de los Oprimidos contra los Opresores”, evidenciando que a pesar de su mínima ilustración, poseía claras ideas políticas de unidad y lucha.

 

La figura de Galán al mando produjo una gran acogida, logrando incidir de manera profunda y directa en una clase de la cual él era perteneciente. Su elocuencia como líder emancipador permitió que las comunidades que se encontraban a su paso reflexionaran en torno a su realidad histórica, haciendo entender con gran vehemencia quienes eran los verdaderos enemigos.

 

Dueños los criollos del poder económico y usufructuarios principales de la esclavitud de los negros y de la explotación de los indios ya no podían ocultar su alarma ante los inesperados giros que había tomado la sublevación, y el mismo Berbeo, quien había cedido frecuentemente a las exigencias de la gleba para conservar su influencia sobre ella, miraba con verdadero temor la posibilidad de que las turbas sublevadas se apoderaran de Santa Fé.

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Para los inicios del mes de Junio, Berbeo recibe un proyecto de capitulación elaborado por el cabildo de Tunja. Modificado en algunas de sus peticiones, el día 5 de Junio es entregado a los comisionados, y enviada una copia a la capital. Las capitulaciones componían de 35 peticiones que por derecho debían ser acatadas y ejecutadas con el fin de cambiar las condiciones económicas y sociales en la Nueva Granada.

 

El cuerpo de las capitulaciones remitía tácitamente a un aislamiento político y administrativo de la corona española en miras de poseer y reivindicar el poder aristocrático criollo, las capitulaciones no estaban hechas para defender los intereses de las clases populares, tenían la pretensión de cambiar las figuras de mando en el poder de la Nueva Granada.

 

La figura de Antonio Galán ponía en riesgo toda forma de poder en la Nueva Granada, ya no solamente estaban peligrando los intereses españoles, sino también los de la aristocracia neogranadina, las ansias de poder estaban al unísono y la confabulación política estaba a la orden del día. Galán representaba el mayor peligro para el poder hegemónico, sus pretensiones de volver a insurreccionar a todos los partícipes de la revuelta comunera no podían dominar, ahora Galán era objetivo militar.

 

El 1 de septiembre, y procedido por la Real audiencia, se expide una orden de captura en contra de Galán; quienes serían con anterioridad los Capitanes Generales, ahora se manifestaban como sus principales detractores, y con la mayor vigorosidad, Salvador Plata se ofreció realizar su anhelada captura. No podía haber un acto más merecedor de lealtad ante la corona, lo cual equivaldría a una anulación de condena por haber sido participe del extinto movimiento comunero. Al mando de 100 hombres y junto con Francisco Rosillo, (otro de los Capitanes Generales) Plata se encaminó a su tarea, iniciaba la caza de Galán.

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La figura de Galán como Comandante General estaba firme a sus ideales, pero el acompañamiento y la fuerza popular necesaria no los acompañaron, el espíritu de insurrección se había ido; la tenacidad y la fuerte represión de los poderes políticos hegemónicos habían hecho efecto, la población se había adormecido. Situado en los Llanos Orientales, y acompañado de los indígenas nativos, José Antonio Galán es aprehendido.

 

 El 13 de Octubre de 1781, Plata en compañía de su ejército captura a Galán. El 16 de Octubre de 1781 es presentado y entregado ante las autoridades del Socorro, Juan Francisco Berbeo se hizo presente. El 19 de Octubre de 1781 presenta declaraciones. El 30 de Enero de 1782 es condenado a muerte por la Real Audiencia, y junto con Isidro Molina, Manuel Ortiz y Lorenzo Alcantuz, son imputados por los “delitos” cometidos. El 1°de Febrero de 1782 se lleva a cabo uno de los mayores y funestos actos de la historia neogranadina, José Antonio Galán es ejecutado.