Daniel Pardo
Movimiento Séptima Papeleta
En la línea de tiempo que está grabada en el imaginario colectivo, el siglo pasado arranca con la Guerra de los Mil Días, se pasa por la Constituyente de 1910, la Masacre de las Bananeras, la crisis de 1929, la “Revolución en Marcha”, el asesinato de Gaitán y el inicio de La Violencia, ascenso y caída de la dictadura, Plebiscito de 1957 y Frente Nacional, “robo” de las elecciones de 1970, pactos de paz y holocausto del Palacio de Justicia, auge de las violencias y guerras y se llega a la Séptima Papeleta que dio origen a los pactos para la Constituyente de 1991 como intento de paz e institucionalización.
Colombia había llegado a las postrimerías del siglo xx hundiéndose cada vez más en el Seno de la inmoralidad y la violencia, al impulso de nuevos valores que giraban alrededor del poder del dinero, y al amparo de instituciones en contravía de los fines que dignifican el poder. El cambio era un imperativo nacional. El Estado había dejado de ser el instrumento más adecuado de desarrollo y garantía de los derechos humanos, y perdido su capacidad de intervención para el logro de su fin. Por el uso y el abuso del Estado de Sitio (Arts. 121 y 122) Colombia ya no era un Estado de Derecho.
Y la concentración de la riqueza y el pueblo, excluido de la gestión oficial y la fuerza del interés público, lo había alejado de sus fines sociales, de manera que por el manejo sectario de la cosa pública, pasaba por alto su obligación de intervenir para que todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades y condiciones de igualdad social que exige la vida en comunidad. El país se precipitaba en el caos e iba hacia la disolución.
En 1989, la Constitución que regía cumplía ciento tres años. Largas convulsiones y contubernios políticos habían impedido cambios que identificaran realmente a los colombianos, ante lo cual un movimiento de estudiantes universitarios, con sus propios esfuerzos, sueños y anhelos, llevó adelante una campaña nacional conocida como la “Séptima Papeleta”. Esta consistió en depositar un voto adicional, propio, en las elecciones parlamentarias y municipales de 1990, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse en favor o en contra de una Asamblea Constituyente.
El conteo informal arrojó más de dos millones de papeletas en favor de la propuesta y fue finalmente validado por la Corte Suprema, lo que llevó al presidente Virgilio Barco a aceptar una votación adicional en las elecciones presidenciales de ese año (27 de mayo). ¿El fundamento de la Corte? La imposibilidad de poner límites al poder constituyente primario (el pueblo). El 86% de los colombianos se pronunció entonces por una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta Fundamental. Siete meses después, el 9 de diciembre, eligieron a los setenta delegatarios que asumieron dicha tarea. (En Chile, un movimiento ciudadano admitió en 2007 haberse inspirado en esa experiencia e intentó, en este caso, llamar a marcar el voto con una consigna alusiva a una Asamblea Constituyente).
El origen de la Constitución de 1991 no puede separarse de la Marcha Estudiantil del Silencio al Cementerio Central el 25 de agosto de 1989, una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán. Tampoco puede divorciarse de la aparición de la Séptima Papeleta como punto de arranque del proceso de cambio constitucional. Fue una verdadera cruzada de la llamada sociedad civil, contra los obstáculos que impidieron durante décadas materializar una reforma constitucional. Su objetivo inmediato se concretó menos de dos años después con la sanción de la nueva Constitución en el Capitolio Nacional el 4 de julio de 1991.
Algunos interpretaron este proceso como un simple capricho adolescente de quienes cándidamente hablaban de “[…] un papelito que se iba a meter en forma clandestina en las urnas”. Nadie, sin embargo, pudo evitar ese hecho y así como no existió el mandato legal para registrar y contar las papeletas, tampoco existió norma para impedir su registro y conteo. La interpretación del sacrosanto Artículo 218 de la Constitución había resistido todos los embates. Pero la suma del inofensivo papelito marcó el comienzo del fin de muchos años de inercia constitucional auspiciada por la misma clase política. El 11 de marzo de 1990, las séptimas papeletas invadieron las urnas en el último proceso electoral que, paradójicamente, acudió a la papeleta.
En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. Seis papeletas para seis elecciones.
"Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales, que no estaba pautada, y terminó siendo la más importante." Se llamó la Séptima Papeleta (SP), y fue repartida en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación.
En ella se enunciaba: "Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo".
Los impulsores de la SP eran estudiantes, la mayoría de Derecho, que rondaban los 20 años, y recogían el hartazgo general de los colombianos en un momento crítico: el Estado colombiano se enfrentaba en una cruenta guerra a los carteles del narcotráfico, las tasas de homicidios eran la más alta del mundo, los atentados contra la población civil eran frecuentes y seis guerrillas buscaban derrocar al gobierno. Sin duda, el movimiento de los estudiantes fue una expresión auténtica de sociedad civil organizada con una meta política, sólo para soñar que la política podía significar algo distinto y que no era utópico sacar su ejercicio del estado de indignidad en que se encontraba.
Además, en agosto de 1989 el candidato favorito para la presidencia, Luis Carlos Galán, fue asesinado.
El conteo informal arrojó más de dos millones de papeletas en favor de la propuesta y fue finalmente validado por la Corte Suprema, lo que llevó al presidente Virgilio Barco a aceptar una votación adicional en las elecciones presidenciales de ese año (27 de mayo). ¿El fundamento de la Corte? La imposibilidad de poner límites al poder constituyente primario (el pueblo). El 86% de los colombianos se pronunció entonces por una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta Fundamental. Siete meses después, el 9 de diciembre, eligieron a los setenta delegatarios que asumieron dicha tarea. (En Chile, un movimiento ciudadano admitió en 2007 haberse inspirado en esa experiencia e intentó, en este caso, llamar a marcar el voto con una consigna alusiva a una Asamblea Constituyente).
Eso dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina; la base del andamiaje institucional actual de Colombia.
"El único objetivo de la SP, realmente, era lograr crear un espacio de re configuración institucional ante lo que considerábamos en ese momento un fracaso, un Estado cuasi fallido", dice Catalina Botero, hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes.
Para eso, dice, proponían una Asamblea Constituyente "plural e inclusiva" que transformara el Estado de un país "lleno de pequeñas órdenes feudales".
Y eso se logró, parcialmente: "Participaron (las guerrillas) del M19 y el EPL y todos los (políticos) conservadores, los indígenas, los liberales, los campesinos, los cristianos. Y se re configuró el Estado constitucional. De eso no hay la menor duda".
Movimiento por la Constituyente
