MANE
Mesa Amplia Nacional Estudiantil
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil es un movimiento estudiantil colombiano, que en el último año ha jugado una labor fundamental en Colombia, entre sus logros esta la unificación de sectores estudiantiles de universidades privadas y públicas, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de instituciones técnicas y tecnológicas.
La MANE logró una importante victoria en el año 2011, por medio de masivas y creativas movilizaciones, derrotó la Nueva Ley de Educación Superior propuesta por Juan Manuel Santos, y dió paso a la construcción de una Ley Alternativa de Educación donde sus principal objetivo es que considere la bases para una educación de nuevo tipo por medio del Derecho Fundamental y Bien Común, autónoma y democrática, que se nutra de los contenidos más avanzados de las artes, de la ciencia, de las humanidades, del conocimiento ancestral, financiada adecuada y suficientemente por el Estado; aspectos que tienen como propósito el mejoramiento de los intereses del pueblo y del país.
Cómo se organiza la MANE
La MANE tras la victoria del 2011, ha tenido como tarea la de abocarse al prolongado y cuidadoso proceso de la construcción programática de la nueva Ley Alternativa de Educación.
Para esto se organiza por medio de encuentros, debates, sesiones de las comisiones académicas estudiantiles, conferencias y seminarios, actualmente la MANE cuenta con más de 70 mesas amplias en instituciones de educación superior en Colombia, tanto públicas como privadas, en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, así como en el SENA, de igual forma, se han constituido otras instancias regionales de coordinación que son otra prueba de la consolidación de la Mane en en el país.
La MANE cuenta con un Comité Operativo y comisiones nacionales y locales que han sido el soporte fundamental para la construcción de la ley alternativa en un proceso sin precedentes en la historia del país. Para la MANE es importante cimentar bases solidas par ala construcción de un escenario de unidad de los estudiantes colombianos con un carácter democrático, amplio y unitario.
Exigencias de la MANE
Éstas exigencias fueron presentadas en su VII Plenario Nacional por medio de movilizaciones desarrolladas el 17 de octubre de 2012:
Solventar la deuda y el déficit de las Universidades Públicas calculado en 11 billones de pesos y asignar 1 billón de pesos más a sus bases presupuestales para el año 2013;
Oposición al raponazo que se intenta consumar sobre el SENA con la plutocrática reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Santos mediante la eliminación de los para fiscales;
Rechazo a las condiciones de los créditos usurarios que agencia el ICETEX y que sumen cada día a más a familias en la pobreza;
Por último, el estudiantado solicitó la desmilitarización de los campus universitarios y el respeto a las libertades y derechos democráticos.
Contra la mercantilización de la educación superior
Desde fines de 2010 se empezó a hablar de la reforma a la Ley 30. Aún no se sabía si el Gobierno mantendría el proyecto radicado por la administración Uribe, limitado a lo financiero. El 10 de marzo, el presidente Santos presentó públicamente una ambiciosa propuesta que, según el Gobierno, recogía experiencias internacionales exitosas en el aumento de cobertura y calidad de la educación superior. Se centraba en la atracción de la inversión privada en las universidades públicas y el establecimiento de instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro.
El debate se centró en la posibilidad de que la reforma propiciara la privatización de la educación, las perversiones de la inversión privada para la autonomía universitaria, y en sí el ánimo de lucro era una alternativa para aumentar calidad y cobertura.
En 2011 el movimiento estudiantil generó un intenso ciclo de protesta, como pocas veces se ha visto en la historia reciente de Colombia, para oponerse a la reforma de la educación superior y plantear un modelo de educación y de país distinto. En el camino consiguió articular a su lucha diversos actores descontentos con medidas como la introducción del ánimo de lucro y el hecho de que la reforma no fuese construida democráticamente.
El tema central en el primer período fue el ánimo de lucro, inserto en la propuesta de reforma, que provocó el descontento entre diversos sectores, principalmente los rectores de universidades, quienes se constituyeron en los principales interlocutores del Gobierno. El movimiento estudiantil empezó a articularse en un contexto de crisis y protestas de universidades en las regiones y emprendió un proceso organizativo, la MANE, que le permitió transitar hacia jornadas de protesta nacionales. La oposición fue eficaz al conseguir el retiro del ánimo de lucro de la reforma, pero no en lograr que el proyecto fuera construido en forma concertada.
Los críticos –rectores de universidades públicas y privadas, voceros de organizaciones estudiantiles y congresistas, entre otros– argumentaban que la reforma dejaba de lado la calidad para enfocarse en la cobertura, iba en contra de la autonomía universitaria y de los criterios de pertinencia para las necesidades del país y concebía la educación como una mercancía en vez de un derecho. El presidente delegó la gestión de la propuesta a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien afirmaba que, dado que los recursos para la educación nunca serían suficientes, era necesario vincular al sector privado, el proyecto daba recursos a la educación pública como nunca y las alianzas público privadas no equivalían a privatizar ni vulneraban la autonomía universitaria.
Además, se mostró afanada para dar trámite legislativo a la reforma, pues la administración tenía tiempos distintos a la academia. Su posición se resumía en: “la reforma va porque va”. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) puso en práctica cuatro estrategias: un gran despliegue mediático, con propagandas de televisión en horarios triple A que llamaban a los ciudadanos a no dejarse engañar por los opositores a la reforma. Segundo, los funcionarios recorrieron la mayor parte del país realizando foros para promocionar su proyecto y crearon mecanismos de participación virtual para presentarlo como una reforma consensuada. Tercero, el Gobierno trató de poner de su lado las IES técnicas y tecnológicas. Finalmente, la ministra descalificó a los adversarios, sobre todo a los voceros estudiantiles, afirmando que desconocían la propuesta.
La interlocución se planteó como una “pedagogía” y no como construcción colectiva. En este primer período los voceros del movimiento estudiantil formularon críticas en las audiencias citadas por congresistas, exigían la construcción de una reforma concertada con distintos sectores, pero el MEN privilegió reuniones con los rectores. El 24 de junio, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) presentaron una “contrapropuesta”. Solicitaban que se retirara el ánimo de lucro, limitar las funciones de inspección y vigilancia para no vulnerar la autonomía universitaria y planteaban alternativas para solucionar la crisis financiera de las universidades públicas. Luego se abrió una mesa de negociación con el Ministerio. Empero, las críticas de diversos sectores no cedieron.
Entre tanto, el movimiento estudiantil emprendió un proceso de unidad sin precedentes en la historia reciente. El Encuentro Nacional Estudiantil de marzo acordó la creación de la MANE para construir la unidad programática, organizativa y de movilización, y definió una agenda que empezaba por la jornada de protesta del 7 de abril, convocada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). El movimiento no estaba activo desde las protestas contra el Plan Nacional de Desarrollo de la segunda administración Uribe (2007). El despertar se producía en un momento de crisis de gran parte de las universidades públicas y algunas privadas, y el aumento en los niveles de protesta del estudiantado a nivel local y regional.
El descontento en las regiones empezó a articularse en la movilización nacional con la jornada del 7 de abril, con notable participación de estudiantes de universidades privadas, el Sena, secundaria e, incluso, padres de familia. El Comité Operativo de la MANE, el 7 y 8 de mayo, hizo un balance positivo de la protesta. Según su análisis, el Gobierno tenía una táctica de “socialización del proyecto” para ocultar que la reforma fue concertada con organismos multilaterales de crédito. Examinó la situación política y resolvió acompañar la movilización del magisterio del 12 de mayo y hacer una jornada nacional de protesta el 17, con ocasión del debate de control político al MEN.
Ese día hubo marchas en distintas ciudades y en Bogotá al menos 1.000 estudiantes se congregaron en la plaza de Bolívar. La primera sesión de la MANE, el 20 y 21 de agosto, decidió realizar una Consulta Nacional Universitaria que preguntara a los estudiantes si la reforma había sido concertada, para contrarrestar la campaña mediática del MEN, y jornadas de movilización el 7 de septiembre y el 12 de octubre. Dos días después, el 23 de agosto, el Gobierno anunció el retiro del ánimo de lucro. Esta decisión se produjo luego de una reunión de la Mesa de Unidad Nacional, con los partidos de la coalición, entre ellos el Partido Verde en el que había opiniones divididas.
Fue una victoria para los opositores y mostró que la unanimidad de la coalición gubernamental podía fracturarse. Sin embargo, para los críticos, el ánimo de lucro sólo había desaparecido formalmente, pues se mantenía la figura de las “universidades mixtas”. Para el movimiento estudiantil, se trataba de un intento de confundir el debate. Los voceros de las organizaciones estudiantiles articulaban la crítica a la mercantilización de la educación con la de los TLC y demandaban tomar el tiempo necesario para construir una reforma democrática y ajustada a las necesidades del país. El 7 de septiembre se llevó a cabo la Gran Jornada Nacional por la Educación, que coincidió con la rendición de cuentas de la ministra en la Cámara de Representantes. Hubo marchas en las principales ciudades del país junto con trabajadores de la salud y Fecode.
En el Comité Operativo de la MANE, el 10 de septiembre, se hizo un balance positivo de la movilización y se originó un intenso e inconcluso debate sobre el momento de inicio del paro nacional universitario, cuando el Gobierno radicara el proyecto de ley o de inmediato. La situación en las regiones era crítica. La Universidad Tecnológica de Pereira entró en paro el 8 de septiembre y la de Antioquia el 15, existían situaciones delicadas en las de Pamplona, Tolima, Atlántico y Distrital. La discusión sobre el momento de iniciar el paro continuó en el Comité Operativo realizado en Cali, el primero de octubre.
La decisión fue iniciar el paro una vez se radicara el proyecto, como en efecto sucedió dos días después, el 3 de octubre. El paro nacional universitario y la victoria parcial del movimiento estudiantil, el segundo período es de ascenso en el ciclo de protesta. El movimiento declaró paro nacional universitario, desarrolló una apretada agenda de movilizaciones nacionales y exigió el retiro del proyecto de ley y las garantías para construir democráticamente una reforma. El Gobierno instó al estudiantado a levantar el paro y discutir el proyecto en el Congreso, el movimiento cuestionó el carácter democrático de ese espacio con mayorías del Gobierno.
Aunque la oposición de los rectores se moderó con el retiro del ánimo de lucro y la entrada en paro, el movimiento empezó a ganar el debate público y el apoyo de diversos sectores, hasta acorralar al Gobierno y su coalición que lo llevó al retiro del proyecto. Luego de la radicación, la MANE produjo un comunicado ratificando sus críticas al proyecto de ley: atentar contra la autonomía universitaria, reducir la educación a una mercancía y no haber sido construido democráticamente; definió como hora cero para entrar en paro el 12 de octubre, exigió el retiro del proyecto y las garantías para la construcción democrática de una reforma. La situación de ebullición persistió y la protesta fue articulándose a nivel nacional.
Existe una diferencia entre el gobierno de Santos y el anterior de Uribe en el tratamiento de la protesta o una percepción distinta del Gobierno que puede llevar a la movilización. El despertar del movimiento estudiantil se produce en un contexto de efervescencia de los movimientos sociales. Un informe de la Policía, publicado en octubre, resalta el aumento dramático de la movilización en 2011, cuando casi medio millón de ciudadanos habría participado en protestas.
En la MANE hacían presencia más de 300 procesos organizativos, pero el Encuentro donde se formó fue convocado por nueve organizaciones, cinco de carácter nacional. Un avance es el esfuerzo por superar el sectarismo entre organizaciones que, aunque comparten un ideario de izquierda, tienen diferencias ideológicas. El proceso de unidad en parte se explica por las presiones coyunturales, pues los protagonistas consideraron la propuesta de reforma como demasiado lesiva. Pero también influye la “maduración” o aprendizaje, a partir de sus experiencias durante el gobierno Uribe56. Ello no quiere decir que no se produzcan disensos, para alcanzar la unidad todas las organizaciones se han visto obligadas a ceder.
Las grandes organizaciones han tenido un papel principal debido a la disposición de recursos materiales e información, y a ese aprendizaje, que les permite asumir tareas que no se lograrían de otro modo, desde la logística hasta análisis de largo plazo. Sin embargo, el ciclo de protesta generó un masivo crecimiento de los participantes, que desbordó las capacidades de las organizaciones para dirigir el proceso y generó problemas de coordinación y en la toma de decisiones.
En menos de cuatro meses, la MANE se constituyó como una estructura de coordinación para avanzar hacia la unidad del estudiantado. En este proceso tuvo que lidiar con el cuestionamiento a los mecanismos de toma de decisiones en las asambleas, la emergencia de un discurso antiorganización que reivindica los estudiantes no organizados o de organizaciones locales, la discusión sobre las vocerías nacionales y la articulación con procesos regionales.
El éxito del movimiento se explica por distintos factores. Aunque las estrategias estatales de represión y criminalización de la protesta no cesaron, el movimiento contó con un contexto que redujo los costos de la acción colectiva producto de una actitud distinta del Gobierno nacional en el manejo de la protesta, una estructura de oportunidades particular en Bogotá donde la Alcaldía asumió una actitud de respeto al derecho de protesta y un contexto de movilización mundial y estudiantil.
Pero no todo se explica por el contexto estructural, el movimiento creó sus propias oportunidades políticas al articular diversos sectores a su lucha, estudiantes de toda índole, profesores, trabajadores, padres de familia y sectores de la clase política. Fue ello lo que le permitió ganar el debate sobre la educación superior en la opinión pública y el apoyo de actores sociales y populares, generar intranquilidad en la coalición de gobierno y llevarlo a retirar su propuesta y disponerse a la construcción concertada de una reforma. El éxito no habría sido posible sin la MANE, pues le permitió al movimiento generar un proceso amplio de unidad y plantear una apretada agenda de movilizaciones innovadoras de carácter nacional.
Esta es una organización joven y en construcción que, si bien responde a las presiones de la coyuntura, recoge aprendizajes de distintas experiencias de unidad. Su estructura horizontal y asamblearia tuvo que lidiar con problemas de coordinación y en los mecanismos de toma de decisiones y tensiones producto de la emergencia de un discurso antiorganización, la discusión de las vocerías y la articulación con las regiones. Pero el escenario de unidad permitió la generación de estrategias discursivas para contrarrestar las campañas mediáticas del Gobierno y comunicar los propósitos del movimiento.
El éxito también se debe en buena medida a estas estrategias donde el principal antagonista es el Gobierno, se reivindica la educación como derecho y no como mercancía, y se plantea una lucha que se proyecta más allá de la comunidad universitaria y el estudiantado para articular diversos actores sociales y populares. Una política cultural que desafía significados hegemónicos de educación, universidad y democracia, y una praxis cultural renovada con amplia aceptación social.
El movimiento deberá enfrentar el desafío de plantear un proyecto de reforma de la educación superior alternativo y democrático, construido con otros sectores, sin perder la capacidad de movilización, y consolidar su proceso organizativo. De ello dependerá su impacto institucional. Queda por ver si su influjo en la cultura política, principalmente la gran aceptación social que despertó la protesta, es o no duradero y si se mantienen los niveles de acción colectiva. Por ahora, el movimiento ha revitalizado la protesta como forma de expresión y participación política, aspecto que no es menor en un país donde históricamente no ha tenido usos e impactos trascendentales
